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La Fiscal General de EE.UU., Michael
Mukasey, ordenó una investigación para
aclarar si hubo prevaricación en los despidos
de nueve fiscales en 2006 y determinar
los cargos penales que podrían afrontar
algunos funcionarios republicanos por ello.
Mukasey tomó esta decisión después de
recibir una recomendación del
Departamento de Justicia.
Ese departamento ha elaborado un
informe con críticas a miembros del partido
republicano en el Congreso, así como a
varios altos funcionarios de la
Administración del presidente George W.
Bush, porque considera que hubo motivaciones
políticas en los despidos.
''Este informe es un paso importante para
saber más acerca de lo que pasó y tomar
las acciones necesarias'', dijo Mukasey.
''Espero que este informe sea un alivio para
aquellos fiscales cuya reputación quedó
injustamente en entredicho y que no se
merecían el trato que recibieron'', agregó.
Señaló que algunos de los aspectos a los que
se hace referencia en el documento necesitan
una ''investigación más en profundidad''
para determinar si hubo alguna irregularidad.
El informe destaca el despido del fiscal de
Nuevo México, David Iglesias, como el
más “preocupante''.
En las alegaciones que hicieron el senador
republicano Pete Domenici y la legisladora
Heather Wilson para expulsar a Iglesias
incluyeron fraude electoral y casos de corrupción
pública.
El inspector general del Departamento de
Justicia, Glenn Fine, y el director de la
Oficina de Responsabilidad Profesional,
Marshall Jarrett, indican que es necesaria
una investigación porque ``estas graves
acusaciones involucran potenciales conductas
delictivas que no han sido plenamente
investigadas o resueltas''.
El Departamento de Justicia considera que
la ''principal responsabilidad'' recae
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